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Manifiesto 19-J Alerta feminista

19/06/2017 | En lo que llevamos de año son 31 las mujeres asesinadas por la violencia machista que también se ha llevado por delante la vida de 4 criaturas.

Quienes hoy estamos aquí presentes estamos hartas de contarlas, de asistir a minutos de silencio y concentraciones, de escuchar discurso de condena, de lamentos, de duelo…

Consideramos que la violencia machista es una cuestión de estado, que afecta a la mitad de la población, y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios, como se exigió en el Pacto de Estado reclamado en 7N en las calles de Madrid.

Sin embargo, ahora, en los Presupuestos generales del Estado de 2017 de próxima aprobación, comprobamos que la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros lo que supone un 0.0% del total de Presupuesto. Eso significa que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se atiende la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejore la respuesta policial y judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la ley de Igualdad. Significa que ese Pacto de Estado nacerá muerto.

Por eso, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los hechos, nos hacemos presentes en este Ayuntamiento con una exigencia muy concreta al Gobierno del Estado: la consignación de 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista.

No admitimos rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres. Y por eso hoy en muchos Ayuntamientos, se está dando lectura a este manifiesto, como primer aviso de la decisión tomada por quienes no vamos a tolerar la inactividad, la indiferencia o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista.