El Ayuntamiento de Daimiel podría ser sancionado por atentar contra el derecho al honor de una trabajadora y por acusar de prevaricación a un tribunal

Fotografía de Cristina Maestre en rueda de prensa

Fotografía de Cristina Maestre en rueda de prensa

20.10.2013

NOTICIAS DE AGRUPACIONES LOCALES

La portavoz del PP municipal insinuó que la trabajadora despedida y a la que deberán indemnizar con cerca de 80.000 euros había accedido a su plaza de forma irregular.

"Tras consultar la documentación y como era de esperar, se ha podido comprobar la falsedad de las acusaciones vertidas por la señora Martín de Almagro", motivo por el que desde el PSOE exigen una rectificación pública.

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Damiel se enfrenta a la posibilidad de ser sancionado con el pago de una importante multa económica por atentar contra el derecho al honor de una trabajadora despedida injustamente y por acusar de prevaricación a un tribunal.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Maestre, quien ha cargado con dureza contra su homóloga del Partido Popular en el Consistorio, María Dolores Martín de Almagro, por insinuar que la trabajadora despedida y a la que deberán indemnizar con cerca de 80.000 euros había accedido a su plaza de forma irregular.

"No se puede tener una actitud más rastrera y miserable", ha reprochado Maestre a la portavoz del PP daimieleño, máxime cuando hay existe una sentencia judicial de por medio que ha dado la razón a la empleada municipal.

Cristina Maestre ha explicado que "para justificar las gravísimas acusaciones, la señora Martín de Almagro no ha tenido ningún escrúpulo en esconderse en una supuesta desaparición del acta del proceso selectivo, e incluso insinuar que nunca existió".

Ante la gravedad de las palabras vertidas, los grupos de la oposición y la trabajadora afectada han emprendido acciones orientadas a desmontar las acusaciones, y para ello han comenzado por solicitar la entrega de la documentación.

Las sospechas sobre este caso se acrecientan cuando se comprueba que esa entrega de documentos está siendo dificultada al máximo, hasta el límite de que el propio alcalde, Leopoldo Sierra, "ha bloqueado parte del expediente y lo ha sacado del archivo durante diez días en los que los concejales no hemos podido acceder a él porque estaba embargado en su despacho".

Ante la presión ejercida por el Grupo Municipal Socialista, se celebró reunión para permitir el acceso a las copias y "de forma sorprendente y como si de un milagro se tratara, la portavoz popular no tuvo más remedio que reconocer que sí que existían las actas y habían aparecido".

Maestre ha manifestado que "tras consultar la documentación y como era de esperar, se ha podido comprobar la falsedad de las acusaciones vertidas por la señora Martín de Almagro", motivo por el que desde el PSOE han exigido una rectificación pública por parte de la portavoz del PP, exigencia que aún no ha obtenido respuesta.

La responsable socialista ha insistido en la gravedad de las acusaciones de la edil del equipo de Gobierno, que "una vez descubierta en su engaño ha culpado a un sindicalista del que no ha dado más datos, enmarañando aún más el engaño".

De igual modo, Maestre ha advertido que en el caso de Martín de Almagro no rectifique se puede enfrentar a otro proceso judicial con altas posibilidades de hacer perder al Ayuntamiento de Daimiel una importante cantidad de dinero "por atentar al derecho al honor de la trabajadora afectada y por acusar de prevaricación al tribunal".

Por último, Cristina Maestre ha exigido un ejercicio de máxima seriedad, rigor y responsabilidad a los dirigentes del PP que están al frente del Consistorio, rechazando de plano "la miserable actitud del gobierno municipal que ha emprendido una auténtica caza de brujas contra determinados empleados públicos que consideran alejados de sus posicionamientos políticos, no dudando para ello lo más mínimo en prejuzgar ideologías y en emprender despidos injustificados, todos ellos perdidos en la justicia, lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Daimiel acumule en torno al medio millón de euros en indemnizaciones y sentencias judiciales perdidas".