Puertollano no merece ser gobernada desde la soberbia.

Desde nuestro grupo queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la reciente decisión de la Junta de Gobierno Local (JGL) de suspender de empleo y sueldo a una persona funcionaria pública. Consideramos que una medida de tal envergadura debe fundamentarse en un análisis exhaustivo de los hechos o en la existencia de faltas muy graves debidamente justificadas

De la lectura del acta de la Junta de Gobierno Local, resulta cuestionable tanto la urgencia con la que se ha adoptado esta decisión como la proporcionalidad de la misma. A esto se suma la falta de información proporcionada a los grupos de la oposición. Hemos tenido que solicitar una Junta de Portavoces para exigir explicaciones al respecto, lo que denota una preocupante opacidad en la gestión del alcalde, que nuevamente actúa con soberbia.

Además, tras revisar el expediente, observamos que este parece responder más a una reacción precipitada ante algún acontecimiento concreto que a un pliego de cargos sólido, elaborado con criterios objetivos y justificación suficiente. No se encuentran referencias claras a fechas, actos concretos o valoraciones económicas en la motivación del expediente, sino un conjunto de acusaciones difusas que, en comparación con otros expedientes disciplinarios, revelan una alarmante falta de rigurosidad. Ahora será necesario demostrar la veracidad de estas acusaciones ante los órganos correspondientes.

Resulta igualmente preocupante que se intente responsabilizar a una persona funcionaria de lo que parecen ser deficiencias en la gestión del propio equipo de gobierno. Aún más si consideramos la falta de participación en la toma de esta decisión dentro de la propia JGL en la que solo participaron cinco de los siete miembros del equipo de gobierno en la votación y uno de ellos se abstuvo. También lo hizo el representante de VOX. Esto evidencia una clara división interna y falta de consenso en la decisión adoptada.

La administración se puede gestionar de muchas maneras, pero en este caso nos preguntamos si estamos ante una decisión fruto de un nuevo arrebato del alcalde del PP. Veremos, al finalizar la instrucción de este expediente, si se ha tratado de una decisión precipitada o si se están vulnerando los derechos de una trabajadora pública.

Desde el Grupo Municipal Socialista estamos obligados a exigir el máximo respeto a los derechos que asisten a la persona objeto del expediente y en particular al que se refiere a su presunción de inocencia, así como el derecho a la protección de datos, razón por la que seguiremos vigilantes y exigiendo transparencia y garantías en todo el proceso.