Hay historias que no salen en las estadísticas, pero dicen mucho de quienes somos como sociedad. Hay debates que se llenan de cifras, titulares y opiniones. Y luego está la realidad: la que ocurre en una nave, en una cocina, en el campo o en una oficina. La realidad que tiene nombres y consecuencias.
Hace unas semanas, en una empresa de la provincia de Ciudad Real, pasó algo que debería hacernos pensar. Tenían a un trabajador excepcional: responsable, comprometido, cercano, valorado por todos. Con contrato indefinido, fruto de su esfuerzo y su profesionalidad. Esa persona había encontrado su sitio y la empresa, alguien en quien confiar.
Un día, todo se detuvo. Le denegaron el derecho a asilo y, con ello, tiene que dejar su trabajo.
De repente, la empresa pierde a un gran profesional. Y esa persona pierde algo mucho más grande: estabilidad, seguridad, futuro. Después de haberlo tenido todo en contra y de haber hecho las cosas bien, vuelve a perderlo todo.
Es imposible no hacer preguntas: ¿qué pasa con alguien cuando se le quita el trabajo de un día para otro?, ¿qué pasa con una empresa que quiere hacer las cosas bien y no puede?, ¿qué tipo de integración estamos construyendo si no somos capaces de buscar soluciones?
Esto no es un asunto abstracto. No va solo de “papeles”. Va de seguridad, estabilidad y dignidad. Va de evitar que personas que están aportando queden atrapadas en la incertidumbre o, peor aún, empujadas a la economía sumergida. Y va también de proteger a empresas que cumplen, que contratan, que apuestan por el talento y que necesitan reglas claras para seguir funcionando.
Por eso, cuando hablamos de regularización, conviene llamarla por su nombre: ordenar una realidad que ya existe. España lleva años conviviendo con una contradicción evidente: hay personas que viven aquí desde hace tiempo, que trabajan o están listas para trabajar, pero cuya situación administrativa les deja en una especie de “tierra de nadie”. Y esa situación solo genera vulnerabilidad.
En este punto conviene decirlo con claridad. La regularización es, por supuesto, una reivindicación social y humanitaria. Pero es también una necesidad económica y laboral para el país. Negarlo no cambia la realidad. PP y Vox insisten en reducir este debate a una cuestión ideológica, cuando en realidad es que hablamos de personas, de empleo y de sentido común.
Mantener el problema sin resolver, alimentar el miedo o convertirlo en un enfrentamiento permanente no aporta soluciones, pero sí encaja en una estrategia de radicalización que necesita conflictos abiertos para sostener su discurso. Resolverlo, ordenarlo y darle una respuesta útil supondría cerrar un debate que a algunos les resulta mas rentable mantener que solucionar.
Y conviene desactivar, sin rodeos, un bulo que se repite demasiado: “esto se hace para que voten”. No es cierto. La regularización no da derecho a voto en elecciones generales. Para votar hay que tener nacionalidad española, y la nacionalidad sigue un proceso distinto, con requisitos y plazos. Confundirlo, o querer confundirlo, solo sirve para generar desconfianza y dividir.
España necesita trabajadores. Lo dicen todas las empresas, sobre todo en sectores donde cuesta encontrar personal. Al mismo tiempo, hay personas dispuestas a trabajar que quedan fuera del sistema por tramites largos y complejos que no siempre se ajustan a la realidad. Una burocracia excesiva que genera incertidumbre, retrasa la integración laboral y añade una carga innecesaria tanto a las personas como a las empresas que quieren contratar de forma legal y responsable.
Regularizar es evitar situaciones injustas como la de este trabajador de la provincia. Es cuidar a las personas y también a las empresas que apuestan por el empleo.
Regularizar no es “regalar”. Es reconocer, ordenar y proteger: proteger a quien trabaja, proteger a quien contrata y proteger un modelo de convivencia donde la ley no deje a la gente a la sombra. Y eso, ademas de humano, es útil para todos.
Cristina López Zamora
Diputada nacional y portavoz del PSOE de la provincia de Ciudad Real
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